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Las zonas francas en Uruguay se encuentran en un momento de incertidumbre, principalmente amenazadas por pactos internacionales que podr\u00edan afectar en cierta medida a un r\u00e9gimen que es muy beneficioso tanto para el pa\u00eds como para las empresas que se instalan en el mismo. Los expertos no vislumbran la amenaza real a corto plazo pero proponen que Uruguay se prepare para cuando el impacto al r\u00e9gimen est\u00e9 en la puerta.<\/p>\n\n\n\n
Por cada d\u00f3lar exonerado, las zonas francas le generan al Uruguay un retorno seis veces superior. A su vez, las empresas que trabajan bajo este r\u00e9gimen generan m\u00e1s de 28 mil empleos. En 2019, estas empresas invirtieron casi US$500 millones en el pa\u00eds, lo que equivale a 5,6% de la inversi\u00f3n total de la econom\u00eda.Uruguay cuenta hoy con 11 zonas francas operativas en las que hab\u00eda 1024 empresas habilitadas para trabajar. La remuneraci\u00f3n promedio mensual del personal dependiente fue de Us$3.318 en 2019, pero esta var\u00eda seg\u00fan la zona franca. La remuneraci\u00f3n de una persona promedio ocupada por una empresa instalada en zona franca es casi el doble (78% superior) respecto del resto de los trabajadores en la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, en 2019, las exportaciones de bienes y servicios desde zonas francas alcanzaron los US$5.322 millones, un 31% del total de las exportaciones del pa\u00eds. Estos datos fueron presentados el pasado 28 de abril por el Centro de Estudios de la Realidad Econ\u00f3mica y Social (Ceres) y la C\u00e1mara de Zonas Francas del Uruguay (Czfuy) en su informe Contribuci\u00f3n econ\u00f3mica y beneficios generados por el r\u00e9gimen de zonas francas en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n
La preocupaci\u00f3n que ha estado en varios expertos y empresarios vinculados al sector tiene origen en que en octubre de 2021, 136 pa\u00edses llegaron a un acuerdo para crear un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, un hito que busca limitar la optimizaci\u00f3n fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre pa\u00edses por sus impuestos.<\/p>\n\n\n\n
Este pacto “redistribuir\u00e1 a pa\u00edses de todo el mundo m\u00e1s de US$125.000 millones en beneficios de unas 100 de las multinacionales m\u00e1s grandes y rentables del mundo”, seg\u00fan anunci\u00f3 en su momento la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE).<\/p>\n\n\n\n
La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo m\u00ednimo de “15%” para las empresas con m\u00e1s de US$791 millones de facturaci\u00f3n. El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los pa\u00edses donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando as\u00ed las pr\u00e1cticas de optimizaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Esta medida se aplicar\u00e1 a las multinacionales cuya facturaci\u00f3n mundial supere unos US$21.000 millones y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Se gravar\u00e1n as\u00ed el 25% de los beneficios en este apartado.<\/p>\n\n\n\n
Los expertos consultados coincidieron en que las empresas instaladas hoy tienen un resguardo legal ante cualquier modificaci\u00f3n existente en los reg\u00edmenes de zonas francas. Pueden ampararse en el art\u00edculo 25 de la ley 15.921 de zonas francas donde se explica que “el Estado, bajo responsabilidad de da\u00f1os y perjuicios, asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda”.<\/p>\n\n\n\n
La directora de asesoramiento tributario de PwC Uruguay, Eliana Sartori, explic\u00f3 al diario El Observador que los contratos vigentes “tienen una garant\u00eda de que no puede haber un cambio que le genere perjuicios al usuario” y que si hubiera alguna situaci\u00f3n que lo llevara a una situaci\u00f3n peor “el Estado deber\u00eda indemnizarlo”. “Es decir que el Estado podr\u00eda cobrar impuestos si se implementara un m\u00ednimo pero despu\u00e9s deber\u00eda devolv\u00e9rselo porque, por el plazo de los contratos, el gobierno no puede cobrarle a los usuarios”, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los factores que hace que las zonas francas uruguayas no se vean impactadas en el corto plazo es que este impuesto m\u00ednimo del 15% aplica para compa\u00f1\u00edas con m\u00e1s de US$791 millones de facturaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“La mayor parte de las empresas del mundo -y las que invierten en Uruguay- no tienen ingresos globales mayores, lo cual hace que las zonas francas no deban pasar a cobrarle impuestos a todo inversor. Podr\u00edan dar la opci\u00f3n de aplicar el impuesto a aquellas compa\u00f1\u00edas que estuvieran dentro del alcance de las reglas globales antiabuso (Global Anti-Base Erosion Model Rules)”, sostuvo Sartori.<\/p>\n\n\n\n
Leonardo Costa, abogado experto en temas financieros de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y riesgos bancarios, dijo a El Observador que si bien este impuesto global, de momento, aplica para un determinado tipo de empresas, “habr\u00eda que ver si realmente despu\u00e9s no se extiende a todas”, ya que “la resignaci\u00f3n fiscal que hace Uruguay puede impactar en terceros pa\u00edses que puedan decir \u2018yo quiero 15%'”. “Est\u00e1 muy en pa\u00f1ales por lo que no es un temor inmediato pero de largo plazo puede llegar a tener impacto”, alert\u00f3.Costa se\u00f1al\u00f3 que debido a la coyuntura mundial -que tiene como centro el conflicto entre Rusia y Ucrania- “hay que ver la velocidad que lleva” y que eso genera dudas en cuanto a si ser\u00e1 posible que el impuesto m\u00ednimo global pueda comenzar a aplicarse en 2023 como est\u00e1 previsto.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, est\u00e1 el hecho de saber qu\u00e9 posici\u00f3n va a adoptar el gobierno uruguayo. “Habr\u00e1 que ver de qu\u00e9 manera, por ejemplo, se puede compensar parte de ese impuesto con lo que se paga en seguridad social, entre otras cosas”, dijo el experto.<\/p>\n\n\n\n
Uruguay ya se comprometi\u00f3 a adoptar este impuesto global. En ese sentido, Costa indic\u00f3 que queda planteada “la incertidumbre de c\u00f3mo se va a adoptar”. A su vez, apunt\u00f3 que existe “otro desaf\u00edo grande” que es que a partir de la ley de zonas francas, cualquier eventual reforma es “responsabilidad del Estado”, por lo que habr\u00eda que ver “si se pueden hacer acuerdos con usuarios, entre otras cosas”.<\/p>\n\n\n\n
Venancio Trigo, socio del estudio Guyer & Regules y directivo de la Czfuy, dijo que si bien los cambios a futuro “generan preocupaci\u00f3n”, a\u00fan “no hay claridad en cuanto a que se lleven a cabo a partir de 2023”. “Es dif\u00edcil determinar el impacto global que esto puede generar en zonas francas y l\u00f3gicamente hay preocupaci\u00f3n, pero todav\u00eda hay varios pasos en el camino para aclarar. Por lo pronto, no hemos visto que esto haya generado una corrida o que las empresas est\u00e9n y\u00e9ndose”, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Para Trigo, el “peor escenario” que podr\u00eda darse es que para las empresas Uruguay “termine no siendo atractivo y cierren sus operaciones”. No obstante, insisti\u00f3 en que el impacto primario es limitado, principalmente porque refiere a empresas con una facturaci\u00f3n grande.<\/p>\n\n\n\n
“Estamos hablando de un universo peque\u00f1o. Habr\u00eda que analizar cu\u00e1les de esas empresas son las que est\u00e1n en un r\u00e9gimen de zonas francas y cu\u00e1les de ellas adicionalmente est\u00e1n consolidando resultados y est\u00e1n pagando impuestos en sus casas matrices. Y adem\u00e1s si son empresas que operan como cost center (centro de costos) el impacto impositivo puede resultar no relevante y, por lo tanto, no afectar la decisi\u00f3n de instalarse en Uruguay”, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Trigo, el pa\u00eds debe evaluar lo que hacen los dem\u00e1s pa\u00edses. “Este no es un problema exclusivo de Uruguay sino que es un problema global con lo cual hay que negociar lo mejor posible para tratar de que este impacto sea lo m\u00e1s reducido”, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, indic\u00f3 la necesidad de observar a pa\u00edses que est\u00e9n “en la misma situaci\u00f3n” para ir “ajust\u00e1ndose a los cambios que se est\u00e1n incorporando y que redunde en el menor impacto en la zonas francas”. Es necesario “tomar esas experiencias para utilizarlas en Uruguay y no ser nosotros los innovadores en esas medidas”, plante\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Sartori, por su parte, record\u00f3 que la Asesor\u00eda Tributaria del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) ya se encuentra abordando el tema y que se han manifestado medidas alternativas “como compensaci\u00f3n” en el caso de que se debiera cumplir con este impuesto m\u00ednimo de 15%. “Otorgar beneficios a trav\u00e9s de otros impuestos como la exoneraci\u00f3n de contribuciones a la seguridad social o disminuci\u00f3n de otros precios p\u00fablicos, de manera de que si no es a trav\u00e9s del impuesto a la renta, la exoneraci\u00f3n pudiera ser a trav\u00e9s de alg\u00fan otro beneficio, que haga m\u00e1s barata la inversi\u00f3n en Uruguay”, ejemplific\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Para Costa, esto es “un juego a m\u00faltiples bandas con muchos jugadores que juegan al mismo tiempo” por lo que Uruguay debe de hacer una “buena diplomacia en temas tributarios”. Para el experto, el pa\u00eds debe ver c\u00f3mo se posiciona y “como juegan” los pa\u00edses similares. A su vez, es necesario “ganar tiempo” para “posicionarse mejor comparativamente y atraer otro tipo de inversiones o para mantener las mismas”.<\/p>\n\n\n\n
“Este es un tema que afecta a lo que puede ser la pol\u00edtica tradicional de inversiones en Uruguay y lo por tanto me parece que es esencial ver qu\u00e9 herramientas juego para mitigar eventualmente el impacto negativo que pueda tener esto”, dijo. Y agreg\u00f3: “Soy optimista de que pueden haber caminos y de que seguramente el gobierno est\u00e1 evaluando muy de cerca esto”.<\/p>\n\n\n\n
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